Hace dos semanas, el martes 13 de marzo en la noche, en la Plaza Grande de Mérida, el gobierno estatal y municipal panista mostraron su peor cara, la cara de la represión brutal, del autoritarismo y la intolerancia, ordenando a cientos de policías estatales y municipales antimotines que irrumpieran, corretearan y detuvieran golpeando a decenas de jóvenes que participaban en una marcha de repudio a Bush, tras un incidente violento donde unas cuantas personas rompieron puertas y lámparas del palacio municipal, dando el pretexto para la incursión cobarde y completamente desmedida de la policía.
El grito unánime de los manifestantes que hacían uso del derecho constitucional de libre manifestación de las ideas:
FUERA BUSH ¡ASESINO¡ Y GOBIERNO PANISTA, CACHORRO IMPERIALISTA. Se pensó que el gobierno no era capaz de actuar como lo hizo. Aprovechar un incidente, tal vez provocado por infiltrados, para perseguir, golpear y detener a muchos jóvenes, en el ilegal e inmoral afán de escarmentarlos y evitar que se sigan sumando a las protestas.
Fueron 7 personas quienes arremetieron y dañaron algunas puertas y lámparas y se confrontaron con los policías antimotines que se encontraban en le edificio municipal.
Quince minutos después del incidente, 500 policías antimotines estatales y municipales llegaron en decenas de vehículos, camionetas, camiones y patrullas y arremetieron con toda violencia y prepotencia, persiguieron y detuvieron en la plaza y calles cercanas sin averiguar nada, a casi 48 jóvenes que vestían informalmente (varios menores de edad).
El exagerado y abusivo operativo policiaco no buscaba resguardar el edificio y calmar las cosas, sino reprimir, perseguir, golpear y detener en venganza a decenas de jóvenes, para imponer un escarmiento ejemplar, infundir temor, frenar las protestas y evitar que más gente se uniera a ellas. Era muy amplio el repudio social a la visita del sátrapa y su reunión con su escudero, aunque sólo unos cientos fueron capaces de salir a la calle a externarlo.
Las personas que estaban en la manifestación y cientos más que se acercaron al ver el impresionante desplante de brutalidad policiaca, expresaron casi todos y de muy diversas maneras el repudio a los hechos, especialmente a la desmedida represión policiaca.
Y como ere previsible mintiendo, desinformando y manipulando los acontecimientos, arreció la campaña de períodicos, revistas, radio y televisión local y nacional, contra las legítimas protestas y quienes participaron en ellas, presentándolos como vándalos. A excepción del Por Esto, los medios son cómplices activos de la represión y la ilegalidad, violentando hasta la más mínima ética periodística.
Precipitadamente y sin guardar siquiera las formas legales les fabricaron delitos y los consignaron al penal a disposición de varios jueces, pero en especial de la Juez 7º de Defensa Social Abogada Rubí Guadalupe González Alpuche. Quienes haciendo de lado las pruebas de os abogados defensores y siguiendo una consigna, del gobernador seguramente, declararon a 24 “formalmente presos”, con altas fianzas a sólo dos de ellos, de $32,500.00 y $37,500.00.
Todo ha sido ilegal, irregular, arbitrario, brutal y torpe. La irrupción policiaca, las detenciones discriminatorias por ser jóvenes, vestir diferente y participar en una protesta social, los golpes, las torturas, las humillaciones, la retención e incomunicación en los cuarteles de la polícia estatal y municipal, el traslado e incomunicación en la procuraduría, la fabricación de delitos, la indefensión legal, las fianzas de 5 mil pesos para algunos de los detenidos, la consignación al penal de 26 de ellos y varios menores al consejo tutelar. Incluso continuaron deteniendo jóvenes al día siguiente. Tuvieron que dejar libres a casi una decena ante la evidente falta de elementos. Pero están procesando a 24 de ellos con delitos torpe y burdamente fabricados., achacándoles los daños en el palacio municipal y un semáforo, entre otros, que fueron reparados inmediatamente al día siguente de los hechos, a un costo declarado sumamente alto (dicen 86 mil pesos). Mientras que los verdaderos responsables de los destrozos no aparecen por ningún lado.
Desde el miércoles 14 de marzo se han estado haciendo campamentos en la Plaza Grande, en la procuraduría y en el penal, exigiendo justicia y libertad inmediata e incondicional de los presos, desmintiendo la campaña de falsedadesy calumnias del gobierno y los medios, con evidentes muestras de simpatía popular y ciudadana, e incluso de turistas nacionales y extranjeros. Se ha intentado hablar con el gobierno y se han negado. Se mantiene en su terca actitud violatoria de las garantías constitucionales y los derechos humanos de los jóvenes presos.
Han violentando en Mérida como pocas veces, los derechos de los manifestantes, en especial de los jóvenes arteramente reprimidos y encarcelados, pero también de toda la población que ha sido rehén del gobierno federal, estatal y municipal panista, servil con Bush y duro con la ciudadanía. Como en Atenco en mayo pasado y en Oaxaca en noviembre, reprimen inventando todo tipo de mentiras y justificaciones fascistoides.
Hacen exactamente lo contrario de los que dicen en sus discursos. Dicen buscar el bien común y sólo procura el bien de los poderosos, de ellos y sus amigos. Dicen respetar la ley y son los primeros en violarla. Dicen evitar la violencia y son quienes la provocan y la usan. Dicen estar contra el terrorismo y son quienes recurren a medidas terroristas policiacas y legaliodes. Hacen uso faccioso, mafioso de las leyes, la polícia, el ministerio público y los jueces, mintiendo con cinismo y completa hipocresía.
La represión, sobre todo cuando es tan injustificada y brutal, echa gasolina a la hoguera del creciente descontento social que prevalece en la sociedad yucateca ante la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, las injusticias diarias y la exclusión generalizada, que golpea especialmente a lso jóvenes.
Las iglesias, sobre todo la católica, los partidos políticos, los candidatos a la gubernatura, a las presidencias municipales y a las diputaciones, los directivos de agrupaciones sociales y educativas, con lagunas honrosas excepciones, que de dientes para afuera dicen procurar el bien común, mantienen en el mejor de los casosun silencio cómplice, cuando no una abierta justificación y acuerdo con la represión del 13 de marzo. Veamosa quiénes realmente representan, que no quieran pasar agachados, sirviendo a los poderosos, tratando de manipular a la gente sencilla del pueblo yucateco. Exigimos que el gobernador se desista de la acción penal, los jueces dejen de actuar por consigna y liberen de inmediato a todos los jóvenes.
Información proporcionada por EL REBELDE, kolectivo el Rebelde
elrebelde@riseup.netEspaciO - en Resistencia
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